Fuera de nuestras fronteras
España es considerada como “el gran burdel de Europa”; las carreteras están
plagadas de clubs que llaman fuertemente la atención con sus luces de neón y
simplemente con preguntar en cualquier lugar “¿dónde están aquí las chicas?”
todo el mundo entiende qué se está buscando. Su existencia es conocida y está normalizada.
En esta sociedad capitalista
donde todo se compra y se vende algunas personas entienden la prostitución como
un ejercicio de libertad, una decisión personal tanto de quien ofrece sus
servicios para obtener un beneficio económico o material, como de quien paga
para satisfacerse sexualmente; decisión en la que no cabe inmiscuirse. Sin
embargo, presentar un fenómeno tan complejo como el de la prostitución como un
mero intercambio entre iguales es del todo simplista e irreal.
¿Por qué el 90% de las personas
en prostitución son mujeres? ¿Por qué la casi totalidad de los prostituidores
son hombres? ¿Por qué en un contexto en el que las relaciones sexuales se han
liberalizado la prostitución no deja de aumentar? ¿se puede llamar libertad a
una decisión condicionada por extremas circunstancias personales y sociales? Estas
son algunas de las cuestiones que cabe preguntarse cuando nos sentamos a
reflexionar sobre este tema.
Queda patente que la prostitución
es un asunto de género, son las mujeres las que conforman la mayor parte de la
oferta, pero también es un asunto de clase y está vinculado con la pobreza; son especialmente mujeres migrantes
para las cuales la prostitución se presenta como su única alternativa. En estos
últimos años, motivado por la crisis, se ha producido también, según las
asociaciones que trabajan con este colectivo, un aumento de las mujeres
españolas. Esto parece lógico, ante unas necesidades económicas que cubrir se
opta por una vía que aparece disponible para las mujeres. Esto nos lleva a trasladar
el foco de atención desde la mujer a la raíz de la cuestión, ¿por qué existe
esta demanda? O lo que es lo mismo, ¿por
qué acuden los hombres a prostitución?
Parecería razonable que en un
momento en el que existe una aceptación de las relaciones sexuales esporádicas,
las personas que desean mantener relaciones sexuales lo hicieran con otras que
deseen lo mismo. Pero lo que está sucediendo es la tendencia contraria, coincidiendo
con el momento en que las mujeres han ido conquistando derechos y alcanzando parcelas
de igualdad, entre ellas el derecho a expresarse sexualmente (sin obviar que el
estigma “puta” sigue presente para las mujeres, no así para los hombres que
ante las mismas circunstancias son considerados “machos” o “campeones”). Esta
situación nos lleva a pensar que hay algo más, y que no es sólo sexo lo que se
busca cuando se acude a la prostitución. El pago permite acceder a la relación
sexual de manera rápida, ya no hay que invertir tiempo en hablar con otra
persona y seducirla, o cómo señalan algunos jóvenes “te evitas estar pagando
copas y correr el riesgo de terminar la noche solo”. Además, no es necesario
estar pendiente del placer ajeno, pues el pago te exime de responsabilidades
para con la otra persona, tanto en el momento de la relación sexual como
posteriormente.
Pero además de la figura del
prostituidor, alrededor de la industria del sexo se encuentran otras personas
que también obtienen beneficios de su existencia, son los llamados “empresarios
del sexo”. Es aquí donde queremos centrarnos, por los últimos cambios que han
acontecido en el contexto español.
Hasta ahora el Código Penal castigaba
con pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses
(art. 187): a “aquel que engañe/use violencia o intimidación/se valga de su
superioridad/se valga de la situación de necesidad de la víctima con objetivo
de obligarla a ejercer la prostitución” o
a “quien obtenga beneficio de la prostitución de la víctima, aunque esta
lo hubiera consentido”. Sin embargo recientemente, el Senado a petición del
Gobierno, aprobó una modificación del art. 187 sin consulta previa a ningún
agente social o formaciones políticas. Esta modificación dificultará
sustancialmente la persecución penal de este tipo de conductas, puesto que para
que se dé la situación de explotación deben
darse alguna de las siguientes
circunstancias: a) Que la
víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad personal o económica. b)
Que se le impongan para su ejercicio condiciones gravosas, desproporcionadas o
abusivas.
Por tanto, con esta nueva
modificación no se sanciona la obtención de lucro económico, sino las conductas
de explotación y claro está, siempre que respondan a esos dos requisitos
totalmente subjetivos y difícilmente demostrables. ¿Qué se consideran
condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas? ¿ejercer durante más de 8
horas? ¿ ser obligada a pagar una cuantía de más de X euros por la habitación
en la que tienen lugar los servicios sexuales? ¿Qué el “empresario” se quede
con más del 50% de las ganancias? ¿ser objeto de violencia repetida?; y lo
mismo ocurre con el otro supuesto ¿ qué se entiende por situación de
vulnerabilidad personal o económica? ¿no haber tenido otra alternativa de
subsistencia que el ejercicio de la prostitución? Y en el caso de ser así,
¿cómo se podría demostrar que la persona lo intentó todo antes de introducirse
en la prostitución? Sin duda, un despropósito que no trae ningún beneficio para
las mujeres que se encuentran ejerciendo y dificultará su protección. Al
encontrarse la prostitución en una situación alegal en nuestro país, lo que
terminará ocurriendo es que la interpretación de la ley quedará abierta a la
menor o mayor sensibilidad que tengan los jueces y juezas, además de dificultar
la persecución del delito de trata de seres humanos.
Desde el Colectivo Feminista
Trece Rosas consideramos esencial luchar contra esta lacra que constituye una
manifestación clara de desigualdad y violencia contra las mujeres. Nos
manifestamos en contra de su inclusión en el PIB y en contra de esta reforma
incoherente con lo señalado por el Parlamento Europeo (la necesidad de
erradicar la prostitución), en su informe de 26 de febrero de 2014.
Instamos al Gobierno a que sea
coherente con las directrices europeas y las conclusiones a las que él mismo
llego durante las últimas reuniones en las que se trató está cuestión -la
Ponencia sobre la prostitución en nuestro país en el año 2007 y en el 2011 en
el informe sobre las posibilidades de actuación contra los anuncios de
contactos- , donde se manifestaba partidario de la abolición de la prostitución
por considerarla una manifestación de desigualdad de género, que dificulta la
consecución de la igualdad.
No nos conformamos con la
aprobada ley de seguridad ciudadana que a partir del verano de 2015 multará a
los clientes que compren sexo cerca de colegios, parques y lugares públicos
porque la prostitución no es un problema de seguridad ciudadana, ni de
visibilidad pública, es una violación de derechos de las mujeres que dificulta
la consecución de la igualdad. Es totalmente incoherente decirle a las nuevas
generaciones que chicas y chicos tienen igual valor, las mismas posibilidades y
oportunidades de futuro cuando a la par se transmite el mensaje social de que
cuando lo deseen tendrán accesible el cuerpo de sus compañeras.
Colectivo Feminista
Trece Rosas
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